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Vivimos tiempos difíciles, impensables incluso. El movimiento asociativo a favor de las personas con discapacidad ha mostrado en estas décadas pasadas su capacidad para emprender nuevos proyectos, para  promover, para gestionar. Se ha procurado atender a las necesidades cambiantes de las personas con discapacidad, acomodándonos a sus nuevas necesidades y a todas aquellas que nuestro compromiso con  las personas con discapacidad  ha hecho surgir como necesarias para garantizar su plena y efectiva inclusión social, para asegurarles el acceso a una vida digna,  la disposición de los apoyos que para cada  faceta de su vida precisaban. Desde el apoyo más intenso, permanente y personalizado, al que suponía la posibilidad de brindar ayudas esporádicas o puntuales; allí hemos estado, generando una infraestructura profesional y de servicios, de enorme calidad. Y esa estructura era la mejor evidencia  de que se había promovido  toda una respuesta social; de que existían evidencias de innegables logros sociales alcanzados en la atención  a un sector que  hubiese estado, como lo estuvo siempre,  sin la gestión y los apoyos  promovidos, en la marginación y la debilidad.

Y ahora, el Estado, las Comunidades Autónomas, la propia sociedad, parece plantearse hasta qué punto es necesario dar cobertura a los derechos de las personas con discapacidad. Se paraliza el acceso a los recursos y servicios y los existentes sufren recortes que les impiden adecuarse a las necesidades de las personas a las que sirven. Los retrasos en los pagos impiden el funcionamiento de un sistema que solo puede ser posible desde la financiación pública. Porque es a la propia sociedad organizada, mediante sus instituciones, a la que corresponde hacer efectivos y ciertos los derechos que nuestras leyes y nuestra Constitución proclaman y que entre todos hemos conquistado.

Pero como si todas las obligaciones de gasto fuesen iguales,  las Administraciones Públicas nos plantean que no hay más remedio que reducir financiación; como si los derechos pudiesen reducirse; como si una reducción de derechos no sea equivalente a una efectiva y cierta restricción de derechos; como si se le pudiese decir a la persona que precisa atención que se le prestarán menos apoyos o que no se le prestarán; porque hay que sostener otras cosas que alguien, no se sabe con qué criterios, estima prioritarias, sin duda, porque no conoce el rostro y la necesidad de cada persona con discapacidad.

Ante la dificultad para distribuir recursos más escasos, los ciudadanos, y especialmente los movimientos sociales, tenemos plena legitimidad para discutir a los gestores la disposición de los fondos. Podrá usted quitar de todo, menos de lo que el más débil precisa.

Es necesario, pues, hacer oír nuestra voz, una voz que siempre ha sido prudente, que ha quedado relegada por nuestros servicios, porque estos eran los importantes, los apoyos que préstamos, los que han justificado nuestra existencia. Pero ahora, cuando la situación impuesta cuestiona la continuidad y calidad de tales apoyos, tendremos que salir, que exteriorizar nuestro compromiso con las personas con discapacidad, y nuevamente, como hemos hechos siempre, reivindicar el reconocimiento y el sostenimiento de sus derechos. Allí estaremos.

Texto: Torcuato Recover, presidente de AEDIS | Foto: Manifestación del 3 de diciembre de 2012 en Madrid, 'SOS Discapacidad'