El Gobierno, a través del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha creado la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, que deberá constituirse en un plazo de 10 días, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado del pasado 1 de febrero. Los propósitos de este órgano son la defensa de los derechos sociales y lograr la cohesión y la inclusión social, evitando que determinados grupos de población más vulnerables queden excluidos socialmente.
En España, el Tercer Sector de Acción Social engloba actualmente a unas 29.000 entidades cuya actuación proporciona servicios sociales a más de cinco millones de personas. Su actividad representa el 1,7% del PIB y trabajan en él unas 500.000 personas, las cuales representan el 2,5% de toda la población ocupada en España, a las que hay que añadir miles voluntarios.
Entre las funciones de la Comisión se encuentran: garantizar la interlocución del Tercer Sector en el diseño y aplicación de políticas públicas de inclusión social que sean competencia de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; conocer y debatir las iniciativas de la Plataforma de Tercer Sector; o ser informada con antelación sobre los proyectos normativos o iniciativas de contenido social promovidos por el Estado.
La aplicación de esta orden ministerial "no supondrá incremento alguno del gasto público", según el ministerio dirigido por Ana Mato, que atenderá con sus medios personales y materiales la constitución y funcionamiento de este órgano.
La Plataforma del Tercer Sector es una organización de ámbito estatal y sin ánimo de lucro fundada por las siguientes siete organizaciones: Plataforma de ONG de Acción Social, Plataforma del Voluntariado de España, Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social en España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cáritas Española, Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
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