“Es necesario actualizar y modernizar el marco normativo para que las personas con discapacidad puedan compatibilizar su prestación con el desarrollo de un trabajo, ya sea a tiempo completo o parcial, porque una de las importantes causas de la inactividad de estas personas es que cuando van a acceder a un puesto se elimina la protección social que tienen reconocida por la Seguridad Social”, ha declarado María José Romero Ródenas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y directora académica del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, en un seminario online que se ha organizado como actividad previa al Congreso “Futuro del empleo de las personas con discapacidad intelectual”, que se celebrará en mayo en Santander.
En la misma línea, ha añadido: “Tenemos que aumentar significativamente la participación de estas personas en el mercado de trabajo mediante la combinación de políticas flexibles, activación inclusiva, medidas de acción positiva que complementen la legislación en materia de no discriminación para promover oportunidades de empleo digno y que se facilite la permanencia y mantenimiento en los puestos de trabajo, incluso en aquellos momentos en los que los que la persona con discapacidad no pueda asistir con regularidad a su puesto”.
Romero Ródenas ha indicado que es urgente que se realice una refundición del marco legislativo actual, "aclarándolo, actualizándolo y sobre todo armonizando acciones, tendiendo única y exclusivamente a aplicar el artículo 35 de la Constitución, en cuanto a la garantía del derecho del trabajo de las personas con discapacidad, sobre todo por las altísimas tasas de inactividad existentes.
Para Romero, el artículo 35 de la Constitución tiene una gran importancia en el derecho del trabajo del colectivo, ya que reconoce “la centralidad social y económica y es un elemento de cohesión social como factor integrante de las políticas en un sistema que tiende a incrementar y garantizar el bienestar social”.
En este análisis de la normativa, ha realizado una crítica al sistema actual: “En ningún momento se ha buscado el pleno empleo para las personas con discapacidad, si no una mejora de las condiciones de acceso al empleo o una mejora de la calidad del empleo”. Para Romero, es importante la vinculación que tiene el artículo 49, 35 y 14 de la Constitución: “Hay que desarrollar una política de empleo que garantice la formación, la readaptación profesional, ya que son elementos clave del diseño de cualquier sistema de inserción laboral y tienen que serlo de la futura ley de inserción laboral de las personas con discapacidad”.
Entre las medidas y propuestas recogidas en el Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad, Romero ha resaltado que resulta necesario fomentar el trabajo a tiempo parcial, así como el teletrabajo en general, pero con una gran consideración en las zonas rurales. También ha señalado que hay que analizar el cambio de denominación de centros ocupacionales, repensar la relación laboral de carácter especial y bajar el umbral en la cuota de reserva a 25 trabajadores.
Respecto al empleo protegido, en opinión de Romero, “tiene un papel muy importante en la actualidad, pero hay que rediseñarlo para que sus efectos sean aún mayores”.
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