De momento, sólo 5 comunidades (Baleares, Cantabria,  Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana) se han comprometido por  escrito a cubrir el coste íntegro de las plazas. Andalucía asegura que financiará  el 80%.

Ante la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del estado de alarma, reclaman un plan de choque que tenga como objetivo principal el mantenimiento del empleo de este colectivo y la supervivencia del tejido social y empresarial que sustenta esta ocupación.

Ante  la incidencia del coronavirus en las residencias, pisos tutelados, servicios de  ayuda en el hogar y asistencia personal, exigimos la dotación de material de protección individual y la realización de test a toda la plantilla  en centros con casos sospechosos y en los servicios que se están prestando.

También denuncia la falta de material médico y de protección, la saturación de los servicios y el aumento de nuevos casos confirmados de coronavirus en servicios cuyo personal asume una enorme sobrecarga de trabajo.