“Nos preocupa la decisión adoptada por algunas comunidades autónomas de suspenderlos contratos de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”, explica Bernabé Blanco, presidente de AEDIS.

Las patronales de servicios sociales sin ánimo de lucro elevamos con voz única las necesidades de más de 30.000 entidades que atienden y protegen a las personas más frágiles y vulnerables, más de 7 millones de personas al año. En nombre de todas ellas, un mes después de la Declaración del Estado de Alarma, alzamos la voz y abrimos a la Opinión Pública las necesidades que ya hemos exigido ante las Autoridades Públicas.

El objetivo del encuentro era conocer las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la situación de emergencia por la crisis sanitaria del COVID-19.

De momento, sólo 5 comunidades (Baleares, Cantabria,  Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana) se han comprometido por  escrito a cubrir el coste íntegro de las plazas. Andalucía asegura que financiará  el 80%.