Este grupo denuncia la falta de apoyo de las administraciones públicas ante los problemas de viabilidad económica de las asociaciones.

Estas dos entidades prestan servicios a personas con discapacidad intelectual de Tenerife y Estepona.

En la asamblea de la entidad explica  el proceso judicial del conflicto colectivo y recomienda a las entidades los  pasos a seguir.

Ambas organizaciones esperan que el Consejo  Territorial de Servicios Sociales apruebe una iniciativa que aporte  alternativas a una situación crítica.