Nueve años después de que se aprobara la Ley de Dependencia (LAPAD) un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio. Además, desde el año 2012, más de 125.000 personas han fallecido sin recibir la ayuda reconocida por el Estado. Así lo certifica el
XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Según este informe, en España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, 100.000 menos que hace cinco años. Del total de las personas que se encuentran en esa situación, solo dos tercios están recibiendo la atención indicada en la Ley, mientras que el resto se encuentra desatendida a la espera de recibir las prestaciones.
Hay que destacar que en el año 2015 se ha producido un incremento significativo de las personas atendidas, dato que coincide con la entrada al sistema de los dependientes "moderados", quienes después de ocho años de espera fueron incluidos en la Ley el pasado 1 de julio.
Financiación
En cuanto al modelo de financiación, el dictamen señala que la Administración General del Estado ha incumplido lo previsto en la Ley, según la cual debería de aportar el 50% del gasto público destinado a la dependencia. La Asociación acusa a la Administración de "abandono" y considera que el sistema de financiación es "insostenible" para los gestores autonómicos, quienes aportan el 77,4% del gasto, frente al 22,6% del gasto estatal. La aportación de los usuarios se estima en un 20% sobre el total del gasto, lo que provoca una situación de copago, que no está al alcance de muchas familias.
El informe destaca el gran impacto de las medidas de recorte de la última legislatura que ascienden a 2.865,3 millones de euros. Frente a estos datos, Luis Barriga Martín, socio fundador de la Asociación, asegura que la Ley de Dependencia es "absolutamente rentable desde el punto de vista económico" debido a su sorprendente capacidad de creación de empleo. Los datos demuestran que la Ley ha generado 35 empleos directos por cada millón de gasto público y una tasa de retorno del 38,3%.
Desigualdades en los territorios
Respecto a las comunidades autónomas, se mantienen grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Andalucía, Castilla y León y Cantabria mantienen altos porcentajes de personas beneficiarias de la Ley, frente a comunidades como Aragón, Canarias, o la Comunidad Valenciana, cuyo porcentaje de beneficiarios se sitúa separado más de tres décimas de la media estatal.
