En el XII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, los expertos en Servicios Sociales presentan un informe del que se extraen algunas conclusiones importantes sobre la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
A continuación resumimos las más destacadas:
- El Sistema de Atención a la Dependencia está sufriendo un estancamiento o colapso, ya que el volumen de atención se ha estabilizado en torno a 750.000 personas.
Durante el año 2013 el promedio de incorporación PIAs/mes (saldo neto según los datos oficiales SAAD) fue de 191 incorporaciones. En el año anterior -2012- se produjeron 1.080 incorporaciones mensuales, dato que en 2011 alcanzaba una media de incorporaciones/mes de 6.724.
El estancamiento en el número de beneficiarios se ha producido cuando todavía quedan casi 200.000 personas con el derecho reconocido y pendientes de recibir atención. Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Social, no se trata de un estancamiento “natural”, una vez concluido un periodo de crecimiento a lo largo del proceso de implantación del Sistema, sino que es consecuencia de los “recortes”. En definitiva, el límite del Sistema debería estar en torno al millón de beneficiarios y no en los 750.000 en los que se ha estabilizado. Y eso considerando sólo los Dependientes Severos (Grado II) y Grandes Dependientes (Grado III), que son los que actualmente atiende el Sistema.
- La reducción del llamado Limbo de la Dependencia –personas con derecho reconocido, que están a la espera de recibir las prestaciones o servicios correspondientes- en más de cien mil personas en los dos últimos años no es consecuencia de que se esté atendiendo a más personas, sino, fundamentalmente, del fallecimiento de muchas de ellas sin recibir las atenciones que les corresponde. Más de la mitad de los potenciales beneficiarios (Grandes Dependientes y Dependientes Severos) tienen más de 80 años.
- El nuevo baremo endurece la entrada de beneficiarios al Sistema, así como el Grado que se les reconoce. Así mismo, las revisiones de oficio hacen incluso que personas con derecho reconocido dejen de tenerlo o que bajen de un Grado III a un Grado II.
- Se constata una efectiva reducción del gasto de las Administraciones Públicas en atención a la Dependencia, lo que expresa una preocupante tendencia que va más allá de la estabilidad en el número de beneficiarios. Esta reducción del gasto se estima en un 4% en 2013 respecto a 2012 (212 millones de euros menos)
La Administración General del Estado está incumpliendo clamorosamente sus obligaciones legales en materia de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. Actualmente, financia un 25% y el 75% restante lo hacen las Comunidades Autónomas. Sin embargo la Ley establece que esta financiación pública (detraído ya el copago) debería ser igualitaria por parte de ambas administraciones.
Diferencias por comunidades autónomas
Madrid, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla, suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia y el resto de comunidades autónomas, a excepción de Castilla y León y el País Vasco, tienen el sistema en "clara decadencia".
Este estudio, que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, analiza la evolución del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en todo el país partiendo de una docena de indicadores que van desde la existencia de listas de espera hasta el gasto público, el equilibrio entre servicios y prestaciones o el volumen de atendidos sobre el total de la población.
Documento compelto:
XII Dictamen del Observatorio Estatal de la Discapacidad
