Plena inclusión España y AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad) han reclamado, en la clausura del I Congreso Internacional sobre Empleo para las Personas con Discapacidad intelectual, celebrado en Santander, la actualización de la legislación sobre inclusión laboral. Han denunciado que la actual norma, con 42 años de existencia, no contempla ni las reivindicaciones del movimiento asociativo, ni las últimas metodologías aplicadas a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, como el empleo personalizado.
La regulación vigente sobre el empleo de personas con discapacidad tiene su origen en la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos), una norma de 1982, que se ha desarrollado de forma heterogénea en las diferentes comunidades autónomas. "Resulta urgente revisar y actualizar esta normativa si queremos avanzar hacia un empleo más inclusivo. Sólo de este modo la legislación española podrá recoger los avances y nuevas realidades sociales logrados en los últimos años", ha apuntado Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.
Desde el movimiento asociativo señalan algunas prioridades que debería asumir la actualización de la ley de inclusión laboral:
El aumento de la reserva de empleo público para personas con discapacidad intelectual, para que se pase del 2 al 3 por ciento.
Una apuesta decidida de los organismos públicos para que las personas con discapacidad intelectual accedan de forma generalizada al empleo ordinario.
El incremento de los contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social desde las administraciones públicas, como un instrumento para generar un empleo estable y de calidad. Y también, definir registros estatales y locales para estos centros.
La creación de planes de formación y cualificación adaptados a las necesidades reales de las personas con discapacidad intelectual, apostando por la FP Dual y los certificados de profesionalidad.
Las personas con discapacidad intelectual tienen grandes dificultades para acceder a un empleo, incluso respecto a colectivos con otras discapacidades. Según los datos del último informe del INE sobre empleo de personas con discapacidad, sólo 2 de cada 10 personas con discapacidad intelectual en edad de trabajar tienen un empleo.
Ante el actual contexto, marcado por la discriminación y la desigualdad, desde AEDIS y Plena inclusión se reivindica una transformación que conduzca a un futuro más inclusivo. “Es necesario un compromiso de la sociedad, las empresas y administraciones públicas para mejorar estos datos y para que más personas con discapacidad intelectual consigan un trabajo estable”, ha reclamado Pedro Calderón, presidente de AEDIS. Asimismo, desde la organización del Congreso se ha demandado a las administraciones públicas un apoyo económico al movimiento asociativo que garantice la sostenibilidad de las entidades que mantienen proyectos y servicios de apoyo al derecho de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a tener un empleo digno.
Reivindicaciones similares se han manifestado en las diferentes intervenciones de 50 expertos durante un congreso al que han asistido 325 personas llegadas de todo el país en el Palacio de la Magdalena de Santander. Eloísa Gutiérrez, presidenta de Plena inclusión Cantabria, ha destacado “que este Congreso ha contado con una magnífica participación de la que nos sentimos orgullosos en Cantabria”.
Este congreso, que fue inaugurado por la secretaria de Estado de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Amparo Merino, y por la consejera de Inclusión Social de Cantabria, Begoña Gómez, entre otras personalidades, ha sido organizado por AEDIS, Plena inclusión España y Plena inclusión Cantabria y se ha convertido en uno de los hitos de la conmemoración del 60 aniversario del movimiento asociativo de Plena inclusión, confederación que agrupa a más de 950 entidades que prestan apoyo a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de todo el país.
