La sostenibilidad económica de buena parte delos cientos de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias ha entrado en una situación crítica. La red de Plena inclusión, que agrupa a 940 entidades y forma la mayor red española de apoyo a 270.000 personas y sus familias, alerta del peligro inminente de colapso por la falta de apoyo económico de las administraciones públicas.
Las Juntas Directivas de AEDIS y Plena inclusión han acordado intensificar las acciones de incidencia para conseguir que las transferencias a las CCAA del Plan de Choque de la Dependencia sirvan para mejorar la financiación de un sector que ha sufrido en los últimos años especialmente el impacto de la caída de la financiación pública y las consecuencias de la crisis del COVID. El presidente de Plena inclusión España, Santiago López, explica la gravedad de la situación: “Desde Plena inclusión estamos comprometidos con la mejora de los apoyos centrados a las personas, pero es inexcusable y urgente un aumento de su financiación si no queremos que aumente la vulnerabilidad de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias”.
Y todo ello sucede pese a que en los convenios firmados con el IMSERSO y la mayoría de las CCAA para la financiación del Sistema de Dependencia se recoge que entre las partidas financiables debe incluirse la adaptación a los convenios del sector y las mejoras de la calidad de la prestación de los servicios a las personas con dependencia.
Hay comunidades autónomas que ya han manifestado su disposición de mejorar dicha situación. En algunas de ellas, como Galicia o Aragón, se están haciendo propuestas positivas para alcanzar acuerdos que compensen esta realidad. Mientras, en otras regiones, como es el caso de Andalucía, se reclama una mayor implicación a la administración autonómica en el apoyo al sector asociativo.
Bernabé Blanco, presidente de AEDIS, cree que “estamos ante una oportunidad única de inversión social a través de los instrumentos de financiación del Estado. El Plan de Choque en Dependencia debe suponer un aumento de los precios-plaza que haga sostenible a las organizaciones que tienen que hacer frente al aumento de costes derivados de la elevación del gasto de personal: incremento del SMI, aumento del convenio del sector, medidas de formación en el ámbito digital, seguridad sanitaria, etc.”. También el gasto generado por las medidas de prevención frente a la COVID se ha incorporado de forma estable a la estructura de costes de las entidades que mantienen la compra de elementos de protección, obras de acondicionamiento, y el refuerzo de plantillas. A todo ello se suma el incremento de la factura relacionada con la energía, alimentación, transporte.
La falta de inversiones sociales necesaria, congeladas desde el año 2008 por el efecto de la Gran Recesión, la caída de las Cajas de Ahorro y las políticas de austeridad, han generado un envejecimiento de los dispositivos sociales. “Urge acometer una transformación para contribuir a modelos basados en la comunidad, aprovecharlas oportunidades vinculadas a lo digital y generar recursos que compensen el impacto medioambiental. Los Planes de Transformación y Resiliencia deben ayudara superar esta realidad”, afirma Enrique Galván, director de Plena inclusión España.
UNA PREOCUPACIÓN EUROPEA
En el encuentro de directores de Inclusion Europe, celebrado el pasado 4 de noviembre, algunos países de nuestro entorno han dado la señal de alarma ante las dificultades de gestión y sostenibilidad de los servicios sociales. Se necesita atraer talento porque, aun teniendo altos grados de motivación, las personas que optan por trabajar en este sector no encuentran condiciones favorables para su desarrollo profesional. Y eso sucede por la ausencia de políticas claras de apoyo a las entidades de iniciativa social, salarios no competitivos, altos índices de rotación, falta de medidas de formación y de promoción. “Es preciso revertir una tendencia que influye negativamente en los derechos y apoyos de las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias”, se afirma desde la confederación.
Plena inclusión agrupa a 940 entidades que luchan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo) y sus familias.
