El Parlamento valenciano ha aprobado por unanimidad la modificación de la ley de la Generalitat de ordenación y gestión de la función pública para que se destine al menos el 2% de la oferta pública a personas con discapacidad intelectual.
Hasta el momento, en las ofertas de empleo público se reservaba un cupo no inferior al 7% de las vacantes para que las cubrieran personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Ahora se incluye como novedad que al menos se alcance el 2% de los efectivos totales para personas con discapacidad intelectual.
La ley pasa a incluir que la reserva del mínimo del 7% se realice de manera que al menos el 2% de las plazas ofertadas sean cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas con cualquier otro tipo de discapacidad.
