El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Congreso de los diputados y pendiente del trámite del Senado, establece una reserva de contratos públicos en el ámbito de la Administración General del Estado en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción del 7%, inicialmente, y del 10% transcurrido un plazo de 4 años desde la entrada en vigor de esta norma legal.
Además, la nueva Ley de Contratos circunscribe la reserva de licitaciones públicas solo a los centros especiales de empleo de iniciativa social, categoría legal no existente hasta ahora, y que queda configurada en el texto mediante la modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que regula con carácter general los centros especiales de empleo en la legislación española.
