El presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), Emilio Sáez, ha reclamado a los diputados de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad el impulso de un nuevo marco legal de inclusión laboral, que supere el esquema establecido en la Lismi "y se adapte a las nuevas realidades", para abrir las puertas del mercado laboral a más de 150.000 personas con discapacidad durante esta legislatura.
Sáez subrayó que en la actualidad la realidad del empleo de las personas con discapacidad se define por "una situación de exclusión permanente y estructural del mercado de trabajo", que ilustró con los datos de la última encuesta del INE sobre el empleo de las personas con discapacidad, correspondientes a 2015.
Según esta estadística, la tasa de empleo de las personas con discapacidad en 2015 era apenas del 23,4%, más de 37 puntos inferior al de las personas sin discapacidad, y la tasa de paro superó en cerca de 10 puntos la de las personas sin ninguna discapacidad: 31% frente al 21,9%.
El dato más significativo, no obstante, es el de la tasa de actividad, es decir, el porcentaje de personas en edad de trabajar que realmente están buscando un empleo, que mientras en las personas sin discapacidad supera el 78%, en las personas con discapacidad es del 33,9%, apenas un tercio.
"Necesitamos políticas públicas que intensifiquen su impacto sobre esta realidad, la transformen y generen un escenario de nuevas oportunidades", recalcó Emilio Sáez, que señaló como objetivo no solo de Feacem sino de todo el movimiento de la discapacidad llegar a una tasa de actividad del 50% en las personas con discapacidad a la finalización de la legislatura, en 2020, lo que implicaría la incorporación al mercado de trabajo de 150.000 personas.
Para conseguirlo, el presidente de Feacem instó a los grupos políticos con representación en el Congreso a impulsar la creación de una nueva Ley Marco de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad que, basándose en los principios rectores de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, "supere el modelo de la Lismi, impulse la participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, reforzando los impactos positivos del actual sistema y corrigiendo sus disfunciones, carencias e incongruencias del sistema legal actual".
Cuota de reserva del 2%
Entre estas disfunciones, Emilio Sáez señaló el incumplimiento de la obligación legal de reservar el 2% de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad por parte de las empresas con más de 50 trabajadores.
En este sentido, reclamó un Plan Estatal de Información y Sensibilización que conciencie a las empresas no sólo de la necesidad de cumplir las obligaciones que establece la ley, sino también de las capacidad, el talento y los valores que aporta la contratación de personas con discapacidad, pero también un mayor rigor a la hora de exigir su cumplimiento, mejorando las herramientas de control.
A este respecto, Feacem pidió que se vete el acceso a cualquier subvención, beneficio o ayuda pública a las empresas que incumplan esta obligación, así como la posibilidad de acceder a la contratación pública.
Para Feacem, otras medidas importantes serían avanzar en la compatibilización de prestaciones públicas y empleo para recuperar como fuerza de trabajo a las personas que tienen reconocida una incapacidad -el 80% de las cuales están fuera del mercado laboral- , impulsar la participación de personas con discapacidad en los cursos de formación para el empleo y reformar el marco regulatorio del 'empleo con apoyo' -una modalidad que promueve la inclusión de las personas que necesitan de algún tipo de acompañamiento para desarrollar un puesto de trabajo- para convertirlo en un auténtico servicio y fomentar su utilización en las empresas.
Centros especiales de empleo
El presidente de Feacem, principal organización representativa de los centros especiales de empleo, defendió el papel de estas empresas de la Economía Social en el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Según los datos de Feacem, una de cada cinco personas con discapacidad empleadas lo están en un centro especial de empleo (CEE). "El sector generó oportunidades laborales para los colectivos que tienen más dificultades de acceso al mercado de trabajo, ha impulsado un importante desarrollo económico social y se ha confirmado como una inversión rentable, ya que de cada euro que se invierte en un CEE, el retorno es de 1,44 euros y eso sin contar los salarios; es decir, ha sido un instrumento imprescindible para hacer efectivo el derecho al trabajo para numerosas personas con discapacidad", concluyó Sáez.
A este respecto quiso recordar que los CEE han actuado como un 'refugio' de trabajo durante la crisis. "Desde el año 2008 hasta hoy se han perdido 130.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad en empresas ordinarias, de esas personas al menos 13.000 han encontrado un puesto de trabajo en CEE evitando su paso al paro o, lo que es peor, a la inactividad".
Por todas estas razones, Feacem ha pedido a los poderes públicos que apuesten por esta fórmula de empleo, actúen para paliar las diferencias normativas entre territorios y garanticen un sistema de financiación "homogéneo y suficiente en todas las comunidades autónomas".
Según Emilio Sáez, la reserva de contratos públicos para centros especiales de empleo debe ser una herramienta básica en este sentido.
