El Sistema de Atención a las personas en Situación de Dependencia se encuentra en un estado "preocupante" y de "incertidumbre" debido a la falta de recursos y los recortes por la crisis económica, las largas listas de espera o la desigual aplicación de la ley en las distintas comunidades autónomas, entre otras causas, según el primer informe del Observatorio anual del Sistema de Atención a la Dependencia, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El trabajo de Sergi Jiménez-Martín y Cristina Vilaplana de la Universidad Pompeu Fabra y la de Murcia, respectivamente, señala que el Sistema de Dependencia fue "una buena idea" pero "pésimamente implantada", en especial tras los decretos de recortes aprobados por el Gobierno en 2012 y 2013. Asimismo, asevera que aunque el sistema haya crecido en un periodo corto, España sigue por debajo de la media de los países de la OCDE en el porcentaje de personas mayores de 65 años atendidas.
Los autores del documento ven como "debilidades" más destacadas la brecha desigual entre personas con derecho a prestación y las que sí la reciben entre las comunidades autónomas; la composición de las prestaciones y el mayor peso otorgado al cuidado en el entorno familiar; el creciente copago de los beneficiarios o la incertidumbre los gestores directos del sistema que no saben con qué recursos cuentan y que condiciona la oferta de servicios.
También alertan del "estancamiento" del empleo y la caída de los salarios en el sector desde 2010; el incremento "alarmante" del 'limbo de la dependencia' tras la incorporación de los dependientes moderados en julio de 2015 y las carencias del sistema de evaluación y de valoración del SAAD por parte de los ciudadanos.
Uno de los aspectos "más preocupantes" de la dependencia en España es, según el estudio, la "gran disparidad" regional en todos los indicadores de cobertura del sistema. Así, en términos de personas con derecho a prestación como de personas con prestación, a finales de 2014, en Murcia, Andalucía y Cantabria la cobertura teórica se situaba entre el 14 y 18 por ciento, el doble que la Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, entre el 6 y 7,8 por ciento.
Además, indica que la probabilidad de acceder al SAAD es de más del doble en unas regiones que en otras, algo que para los responsables del informe es "inaceptable" y evidencia que el sistema de financiación y valoración de la dependencia "no está bien resuelto".
Lista de espera
En cuanto a la lista de espera para recibir la prestación quienes tienen derecho a ella, el estudio apunta que a finales de 2015, a nivel nacional, un 1,7% de las personas de 65 años o más se encontraba a la espera de recibir las prestaciones y a nivel autonómico hay "importantes diferencias" de cobertura.
En Murcia este dato se eleva al 5,5%, seguida de Andalucía (3,7%), Aragón (2,5%), Galicia (2,3%), Cantabria (2,1%) y Castilla La Mancha (2%), que superan la media nacional. Otras como Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco y La Rioja la proporción de personas de 65 años o más que están a la espera de recibir prestaciones se sitúa cerca de la media nacional, entre el 1,5% y el 1%; Canarias, Navarra, Madrid, Ceuta y Melilla y Asturias, dicha proporción se sitúa entre 0,5% y 0,8%; y Castilla y León no llega al 0,1%.
Financiación del sistema
Sobre la financiación del sistema y cómo se materializan los copagos, los autores apuntan a que éste se determinaba en algunas comunidades en función de la capacidad económica del beneficiario, mientras en otras se opta por combinar información sobre renta y patrimonio, "lo que ha dado lugar, ante la ausencia de un marco legal común, a una pléyade de regímenes de copago".
Por otra parte, advierten de que las reducciones del importe mínimo acordado introducidas a partir de 2012 han impactado sobre la cuantía de las prestaciones y la contribución de los individuos al pago de los servicios, "haciéndolos prácticamente insostenibles".
Retos de futuro
De cara al futuro, y con el objetivo de que se sostenga el Sistema de Dependencia, Jiménez-Martín y Vilaplana apuntan que será necesario inyectar más recursos al sistema para poder ofrecer una cobertura razonable, así como diversificar las fuentes de financiación -pública vía impuestos y contribuciones que garanticen un mínimo de atención para todos los ciudadanos y fórmulas de aseguramiento privado complementario-.
Informe FEDEA 2016. Observatorio de dependencia Febrero 2016
Fuente: Europa Press
