Fundación ONCE, el Cermi y Plena Inclusión celebraron a mediados de noviembre en Madrid un taller sobre contratación pública en el que apostaron por una ley sobre esta materia que favorezca el empleo de las personas con discapacidad.
Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE y director de los Servicios Jurídicos del Cermi, fue el encargado de inaugurar la jornada, acompañado de Pilar Villarino, directora Ejecutiva del Cermi, y Pepa Torres, directora de Feacem.
En el encuentro se abordaron las nuevas directivas sobre contratación pública y su trasposición en una Ley de contratación pública que debería estar lista antes de 2017.
Cabra de Luna destacó la importancia de las directivas aprobadas y puso de manifiesto la relevancia de la contratación pública en España que, según dijo, supone más de un 17% del PIB. “Estas magnitudes hacen de la contratación pública una potente herramienta de promoción de las políticas sociales y medioambientales”, aseveró.
En este sentido, señaló que “lograr una contratación socialmente más responsable es a la vez un reto y un mandato para todos los operadores públicos y, en parte, para los privados”.
En su intervención se refirió al impulso que se ha dado en los últimos meses en España en la inclusión de consideraciones sociales -en especial las referidas a la contratación de personas con discapacidad- en la contratación pública.
En la misma línea, Pilar Villarino recalcó la necesidad de que todas las entidades participen en este proceso de trasposición de las directivas. “La labor está ahora a escala territorial”, advirtió.
Por último, Pepa Torres insistió en que es “un momento clave” para debatir las implicaciones que la trasposición de la normativa europea tendrá sobre el colectivo de personas con discapacidad. En su opinión, las cláusulas sociales son una herramienta fundamental que incide en las políticas sociales y medioambientales.
