Castilla-La Mancha reservará un 6% de los contratos públicos a centros de empleo o empresas de inserción social, según se desprende del acuerdo suscrito a finales de diciembre entre la Junta de Comunidades y CERMI, la ONCE y FEACEM.
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que el acuerdo responde al mandato implementado en los Presupuestos de 2016 y al acuerdo que introduce cláusulas sociales en los contratos públicos y que realiza la Administración regional.
El acuerdo supone que determinados servicios que necesita la Junta sean ejecutados por personas que trabajan en centros especiales de empleo o empresas de inserción social. En concreto, un 6% de los cinco millones anuales que destina el Gobierno regional a tareas de mantenimiento de zonas verdes, restauración, servicios de conserjería, lavandería o digitalización documental en el seno de la propia Administración regional. Supondrá 300.000 euros traducidos en empleo para el colectivo de discapacitados.
Esta es una primera fase del acuerdo, ya que el objetivo es que “en un par de años” parte de las tareas de mantenimiento y limpieza de los edificios públicos las realicen trabajadores de los centros de empleo o empresas de inserción social. Supondría el 6% de los 27 millones de euros que gasta el Gobierno regional en este concepto.
