El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Gobierno y a las fuerzas políticas con representación parlamentaria acabar en 2017 con el llamado “limbo” de la dependencia, es decir, las personas con prestación del sistema reconocida pero que no la reciben efectivamente y que según las ultimas cifras oficiales disponibles suman más de 350.000, cerca de 1/3 del total de personas beneficiarias.
Para acabar con este volumen de personas que teniendo derecho no reciben prestaciones ni servicios, el CERMI exige una dotación adicional extraordinaria para 2017 de 1.000 millones de euros, que se agregaría a la habitual y que debería consignarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, pendiente de aprobación.
Con esta inversión suplementaria, más la que deberían añadir cada Administración autonómica, en la misma medida que haya crecido la del Estado, podría ponerse a cero el contador de la dependencia en 2017, logrando que toda persona con prestación reconocida la recibiera de modo real, sin esperas de meses y años como sucede ahora.
Tener reconocido un derecho y que no se traduzca en nada tangible para la persona en situación de dependencia es el mayor fracaso del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y una burla hiriente a la Ley que ahora cumple 10 años desde su aprobación y entrada en vigor.
Esta medida de aportación presupuestaria extraordinaria debería formar parte de un pacto de Estado más amplio y ambicioso, suscrito por todas las fuerzas políticas, las Administraciones competentes, los agentes y los movimiento sociales, para consolidación y revitalización de un dispositivo de protección social en profunda crisis.
