El 81% de las empresas españolas no cumple aún con la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que establece una cuota mínima de un 2% de empleados con discapacidad para empresas de 50 o más trabajadores, según se desprende de un estudio realizado por la consultora Leialta sobre la inserción laboral de este colectivo.
El estudio señala, además, que la principal razón por la que las empresas no contratan a estas personas es porque desconocen la legislación y la obligatoriedad de cumplir con la cuota mínima. Pero también cita otras razones que desmotivan la contratación de personas con discapacidad, según las empresas consultadas, como la falta de acceso a bases de datos específicas de personas con discapacidad, la dificultad de encontrar personas con discapacidades compatibles con el puesto de trabajo disponible, el coste de la adecuación del puesto de trabajo a la discapacidad del trabajador y un teórico mayor absentismo de las personas con discapacidad.
En cuanto a las personas con discapacidad, el informe recuerda que,según los últimos datos del INE, la tasa de desempleo del colectivo es del 32,2%, una cifra que supone que la tasa de paro es 7,8 veces superior al de las personas sin discapacidad. Además, el 60% de ellos están dentro del colectivo de 'desempleados de larga duración'. Asimismo, indica que la crisis ha agudizado esta situación, al duplicarse el porcentaje de desempleo entre las personas con discapacidad hasta llegar a la situación actual, en la que sólo trabaja una de cada cuatro personas con discapacidad activa (25,7%).
Además, a la hora de encontrar un puesto de trabajo, el 90% de las personas con discapacidad señala una o más barreras para ser contratado, frente al 60% de las personas sin discapacidad. Los principales impedimentos con los que se encuentra este colectivo están relacionados con la salud o la enfermedad (para el 56,7%), la falta de oportunidades (para el 54%), la falta de cualificación o experiencia (en un 32,6%) y las limitaciones en las actividades básicas (en un 29,1%).
Por comunidades, las mayores tasas de actividad entre personas con discapacidad se encuentran en País Vasco (49%), Comunidad Foral de Navarra (45,8%) y Región de Murcia (44,8%), además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (52,4%). Por el contrario, están a la cola Galicia (26,6%), Asturias (26,8%), Andalucía (33,3%) y Canarias (33,8%).
El Centro Especial de Empleo como vía para la inserción laboral Según los datos recogidos por Leialta, los CEE están canalizando la mayor parte del empleo que se genera en el sector de personas con discapacidad, el 710% de estas contrataciones se hace desde un CEE. En cuanto a las tareas más representativas, el sector servicios concentra casi la totalidad del empleo que se genera. De acuerdo a los últimos datos de que se dispone, el 14,17% de los nuevos contratos suscritos con personas con discapacidad se formalizaron en la actividad económica de servicios a edificios y actividades de jardinería, seguido de servicios sociales sin alojamiento, con el 9,96%, y, con un 5,41%, las actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas, englobando casi un 30% del total de nuevas contrataciones. La evolución de los CEE ha sido creciente, pasando de los 289 centros de empleo que se crearon en 1991 hasta llegar a los 2.215. En cuanto a la distribución de los mismos, Cataluña, Andalucía, Madrid y País Vasco son las comunidades autónomas que en términos absolutos tienen un mayor peso en la contratación de empleados con discapacidad en sus centros especiales de empleo. El número de beneficiarios de ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad era de 82.847, siendo en su mayoría para el mantenimiento del puesto de trabajo a través de CEE en 64.079, seguidos de los beneficios de unidades de apoyo en 16.430. El gasto medio por beneficiario de las ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad es de 3.164,3 euros, destinando aproximadamente 262 millones de euros a estas ayudas por parte de las administraciones españolas. Fuente : Europa Press
