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Dincat y Granés Fundació, entidad que promueve proyectos de investigación en relación con la discapacidad, han publicado el “Segundo informe de la situación de las personas con discapacidad intelectual en Cataluña”, un estudio que ve la luz dos años después de la publicación del primer informe, y que nace con la voluntad de contar con una perspectiva evolutiva y comparada con relación a la realidad que afronta el colectivo para, así, identificar los grandes retos a abordar, partiendo de lo que prescribe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Del informe se extraen datos del todo preocupantes como que sólo 1 de cada 10 personas con discapacidad intelectual tiene trabajo; que el cálculo de la pensión media no contributiva, la que reciben la mayor parte de personas con discapacidad intelectual, está por debajo de los 440 euros mensuales, lo que representa el 44% del salario bruto mínimo interprofesional; que hay una lista de espera de más de 3.800 personas para acceder a centros residenciales y/o hogares residencia; que una de cada tres mujeres con discapacidad intelectual nunca ha ido una consulta ginecológica; que entre 2001 y 2023, el número de usuarios de los servicios de atención precoz se ha multiplicado por diez y la frecuencia asistencial media de estos niños está por debajo del mínimo legal requerido; o que la prevalencia de trastornos psiquiátricos se ha demostrado de 3 a 4 veces mayor entre personas con discapacidad intelectual, que se encuentran con diagnósticos inadecuados y con frecuencia van acompañados de una sobremedicación innecesaria.

Por tanto, las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a múltiples retos que las sitúan en posiciones de desigualdad, discriminación y vulneración de derechos. Estas dificultades se encuentran en la educación, el empleo, la vivienda y la vida independiente, la participación política y la vida en comunidad o el ejercicio de la capacidad jurídica, entre otros. 

Con este informe, Dincat pone de manifiesto la necesidad urgente de impulsar políticas públicas para garantizar la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en todas las esferas de la sociedad. Y exige a la administración:

1. Acabar con las listas de espera y actualizar la Cartera de Servicios Sociales, priorizando un modelo de atención centrado en las personas que potencie los soportes y servicios de promoción de la autonomía personal, a la vez que se da solución a las dificultades de acceso en la vivienda por parte del colectivo y se potencia su participación social en ámbitos como el ocio, la cultura, el deporte o la política.
2. Definir una estrategia global de inserción laboral para las personas con discapacidad, que incorpore medidas de acción positiva dirigidas a las personas con discapacidad y especiales dificultades, tanto desde la vertiente del mercado protegido como de la inserción en la empresa ordinaria, apostando por metodologías y modelos como el trabajo con apoyo o la formación dual adaptada.
3. Conseguir un sistema educativo inclusivo facilitando los recursos personales y materiales que permitan la mejora de las políticas y prácticas educativas en las escuelas y la progresiva transformación de los centros de educación especial en este sistema, para disponer de un sistema integral donde todo el alumnado tenga cabida y alcance los objetivos educativos que les corresponden en todas las etapas.
4. Establecer los servicios sociales como sistema, de modo que confiera seguridad y calidad para tener mejor capacidad de respuesta, que vele por la garantía de derechos, que asegure el equilibrio territorial, que tenga en cuenta el sobre coste que sufren las personas con DID y sus familias, que reconozca el papel de las personas cuidadoras no profesionales y que ponga en valor el trabajo desarrollado por los y las profesionales del sector.
5. Garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, así como la plena participación social de las personas con DID; especialmente consiguiendo la incorporación de la accesibilidad cognitiva a todos los entornos y procesos haciendo que Cataluña sea accesible universalmente; también prestando especial atención a la situación de las niñas y mujeres con DID; y desde todos los ámbitos como el sanitario, judicial, penitenciario, cultural, recreativo, político, entre otros.

Fuente: www.dincat.cat