El Presidente de AEDIS, Bernabé Blanco, junto a Sonia Castro, representante del Tercer Sector Social de Illes Balears, y Raquel Manjavacas, gerente de AEDIS, mantuvieron el pasado jueves 12 de enero reuniones con dos diputados del Grupo Socialista, Mª Jesús Serrano y Óscar Galeano, y con el representante de Podemos, Fernando García Acuña, para transmitirles unas consideraciones y propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.
Este proyecto de ley, cuya tramitación comenzará en breve y debe transponer al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, tiene una enorme trascendencia en el ámbito de los servicios sociales y de la atención a las personas, muy especialmente de aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
Por ello, el Presidente de AEDIS, Bernabé Blanco, les comunicó el interés de la asociación en que se mantenga el criterio del legislador nacional de
no trasponer a nuestro ordenamiento jurídico el artículo 77 de la Directiva 2014/24/UE, relativo a la reserva de contratación de los servicios sociales en determinados casos. La trasposición de este artículo, que debe ser literal, supondría un grave perjuicio para los usuarios, los trabajadores y las entidades del sector no lucrativo, ya que establece un límite de 3 años de duración para estos contratos, cuyo umbral exceda de los 750.000 euros, prohibiéndose expresamente que una entidad adjudicataria pueda licitar en el proceso de contratación siguiente.
Perjudicial para personas usuarias
La transposición de este artículo resultaría perjudicial para las personas usuarias destinatarias de los servicios objeto de licitación. Estamos hablando de servicios de personas y para personas, muchas de las cuales van a requerir estos servicios de por vida. “Lo adecuado es que la capacidad de decisión recaiga sobre el usuario y él decida sobre quién, dónde y qué servicios de entre la variedad de los disponibles y en función de su perfil y necesidades de apoyo quiere que se le preste, sin que esa capacidad de decisión se vea seriamente mermada por el hecho de que la entidad que había escogido no pueda presentarse a la licitación en el siguiente ciclo trianual”.
Desde AEDIS se considera que, por encima de todo, debe primar el interés de las personas usuarias para las que trabajamos.
Creemos que cualquier entidad que realmente se precie de no tener ánimo de lucro y que se considere a sí misma como entidad de economía social, debe velar primero por el bienestar de la sociedad en general y, muy especialmente, por el bienestar de los sectores más desfavorecidos de la misma.
Eliminar del proyecto de ley la fórmula de conciertos sociales
Además de este tema, también se les planteó a los diputados una enmienda única relativa a la nueva regulación de diversos
aspectos sobre servicios sociales.
En concreto, AEDIS propone que queden fuera del ámbito del Proyecto de Ley la fórmula de los conciertos sociales u otras denominaciones de significado similar y se concierte con quien cumple unos requisitos no basados en el precio, sino en parámetros de calidad y proximidad a los colectivos.
El modelo del concierto social está basado en la libre competencia de la iniciativa con y sin ánimo de lucro. Por tanto, la Administración pública pone el precio, el que ella fije, lo que le permite tener el poder sobre el precio y las condiciones. Es un régimen de autorización o licencia, lo que posibilita que todas las que cumplan los requisitos puedan prestar los servicios concertados. Así lo han hecho ya siete comunidades autónomas.
Ambos partidos acogieron bien la propuesta y se comprometieron a tener en cuenta la postura de AEDIS cuando negociaran los aspectos concretos de la Ley.
AEDIS continuará manteniendo encuentros con representantes del resto de grupos parlamentarios con el objetivo de trasladarles sus propuestas.
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