La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha insistido en que el Proyecto de Ley Integral de Economía Social no excluye a ningún modelo empresarial ni provoca pérdida de empleo. La organización ha explicado que la norma ordena jurídicamente a las entidades de la economía social conforme a sus principios y valores, con el objetivo de aportar seguridad jurídica y coherencia al sector.
CEPES ha reiterado la necesidad de que la ley identifique de forma expresa a los centros especiales de empleo de iniciativa social (CEEIS) como actores esenciales de la economía social. Estos centros, sin ánimo de lucro, han reinvertido la totalidad de sus beneficios en su finalidad social, favoreciendo la inclusión laboral y el empleo de calidad para personas con discapacidad.
La confederación ha recordado que desde 2017 el ordenamiento jurídico español ha reconocido la diferenciación entre los centros de iniciativa social y los de iniciativa empresarial. Esta delimitación no ha supuesto la desaparición de los centros con ánimo de lucro ni ha desincentivado la contratación futura, ya que estos han seguido accediendo a los mecanismos de apoyo y ayudas públicas vigentes y así seguirá siendo.
CEPES ha señalado que la regulación de los centros de iniciativa social no ha incrementado el gasto público, sino que ha generado un mayor retorno económico y social. La inversión en estos centros ha reducido costes sociales, ha aumentado ingresos y ha situado a España como referente europeo en empleo inclusivo, en línea con las políticas comunitarias y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
AEDIS respalda las afirmaciones y los argumentos de CEPES y subraya que entre sus entidades asociadas hay 218 CEEIS. La asociación reafirma su compromiso con un modelo de economía social que ha demostrado que la inclusión laboral y la eficiencia económica son plenamente compatibles.
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