Un total de 149 personas con discapacidad intelectual se han incorporado como empleados públicos (personal laboral) a la Administración General del Estado desde 2011, año en que se implantó y se puso en marcha la reserva específica en el empleo público a favor de este sector de personas con discapacidad. De estas 149 personas, 93 eran varones y 56 mujeres.
Así lo refleja el Informe sobre acceso de personas con discapacidad al empleo público (cuerpos y escalas de personal funcionario) en la Administración General del Estado 2008-2015, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y elevado al Consejo Nacional de la Discapacidad para conocimiento de este órgano, en el que participa el CERMI representando al movimiento social de la discapacidad.
Esta cifra se refiere únicamente a la vía de acceso que constituye el personal laboral fijo acogido al convenio único de la Administración General del Estado, por lo que el número de personas con discapacidad intelectual incorporadas en este lapso de tiempo es más elevado, al no computarse el personal funcionario, pero no está cerrada la estadística completa.
Por años, en 2011, se adjudicaron 54 plazas; en 2012, no hubo convocatoria; en 2013, 10; en 2014, 15 y en 2015, 70 plazas.
En el año 2011, a impulsos del CERMI, se modificó la Ley del Estatuto del Empleado Público, elevándose del 5€ al 7 % la reserva para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público de las Administraciones Públicas, creándose una subreserva del 2% exclusiva para personas con discapacidad intelectual, hasta ese momento inexistente.
