En el Día Internacional de las personas con discapacidad, AEDIS, la asociación empresarial de entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de atención a personas con discapacidad, reclama al Gobierno y a las administraciones autonómicas que refuercen la financiación a estas empresas para garantizar su viabilidad y paliar el sobrecoste realizado, así como que se les tenga en cuenta en los planes de recuperación y reconstrucción.

Actualmente, las entidades y asociaciones están atravesando una situación complicada al realizar un gran esfuerzo económico para cumplir con las medidas especiales de prevención frente a la pandemia en todos los centros y servicios que gestionan. Han tenido quehacer frente a nuevas contrataciones de personal, adaptar las instalaciones ala normativa actual, además de la compra de equipos de protección, procesos deformación e incorporación de nuevas tecnologías. Todo ello con prácticamente la misma financiación por plaza que antes de la crisis sanitaria y asumiendo con fondos propios estos gastos extraordinarios, que de seguir así puede llevar al sector a la quiebra. 

De manera urgente, “reclamamos un mayor apoyo de las instituciones públicas y un compromiso firme con el sector. Es importante que las administraciones compensen los gastos que ya se han realizado y regularicen los precios públicos lo antes posible para que podamos seguir dando una atención de calidad”, afirma Bernabé Blanco, Presidente de AEDIS.

Protección al empleo de las  personas con discapacidad

En el ámbito del empleo, es necesario que se tomen medidas para proteger a los trabajadores con discapacidad intelectual o del desarrollo, un colectivo con gran vulnerabilidad y con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo.

La mayoría de estas personas están trabajando en los centros especiales de empleo (CEE) de iniciativa social del entorno AEDIS-Plena inclusión. Por ello, pedimos al Gobierno que priorice a estas empresas de economía social y tome medidas para el mantenimiento del empleo de este colectivo y la supervivencia de este tejido social y empresarial.  Nuestras propuestas en este sentido son las siguientes:

• Elevar transitoriamente la subvención del Salario Mínimo Interprofesional por cada trabajador con discapacidad de especiales dificultades de inserción en CEE al 75% del SMI.
• Crear un fondo de contingencia específico, vinculado al mantenimiento de empleo, para paliar las deficiencias económico-financieras provocadas por la situación de crisis sanitaria actual.
• Revertir en los propios CEE el ahorro que ha supuesto los ERTES en materia de costes salariales
• Garantizar la liquidez de los CEE anticipando, las comunidades autónomas, las ayudas al mantenimiento del empleo.

A medio y largo plazo, solicitamos también que “se cuente con nosotros en los planes de recuperación, transformación y resiliencia que se están preparando, para que podamos participar en el rediseño de los servicios de atención a personas con discapacidad hacia modelos más adecuados que den respuesta a las nuevas necesidades, así como la modernización y digitalización de nuestros centros especiales de empleo”, concluye Blanco.